[Columna de Opinión] “A propósito de vagos y mendigos en Antofagasta” Por Roberto Vega, Abogado Defensor

La vagancia y mendicidad, estados paradigmáticos de carencia material y la no sujeción iconoclasta a los patrones conductuales que dan sustento a una concepción de sociedad que niega el disenso y el conflicto, se visibiliza sólo en situaciones en que quienes sustentan el consenso, estiman oportuno actuar. ¿La ocasión?: la presencia de vagos y mendigos en un tradicional barrio de la capital regional. ¿La forma de actuar?: intervención policial.

Lo anterior nos remonta a los derogados artículos 305 a 312 del Código Penal, cuya descripción punitiva se basa en formas de ser, actuar o comportarse. Es decir, en el denominado derecho penal de autor. Estas normas definían a los vagos como aquel que no tenía un hogar fijo ni medios de subsistencia, no ejercía habitualmente alguna profesión, oficio u ocupación lícita, teniendo aptitudes para el trabajo.

A ellos debía imponérseles un castigo oscilante entre los 61 y los 540 días de privación de su libertad. La normativa anterior, se complementaba con la Ley de Estados Antisociales, la cual abarcaba todo tipo de conductas “marginales” como vagancia y mendicidad, toxicomanías, ebriedad, homosexualidad; estableciéndose en contra de tales conductas una serie de medidas de seguridad predelictuales (previas a la comisión de cualquier delito), como la internación forzada por tiempo indeterminado, declaración de domicilio, prohibición u obligación de residir en un lugar determinado.

Tales descripciones normativas, basan su racionalidad en la adscripción a una forma de concebir el delito como un destino al que ciertos sujetos se encuentran fatalmente unido, concepción ajena a un Estado Democrático de Derecho. Con dicha concepción se apareja una forma de concebir la intervención policial, mediante una actuación situacional, de supuesta minimización de riesgo, la cual se sustenta en la racionalidad utilitaria de quien delinque, siendo la presencia policial un costo a considerar, por el potencial autor de un delito.

No obstante ello, tal intervención, excede el ámbito del control Penal Estatal, pues éste, debe basarse -a lo menos-, en la existencia de presunciones de la comisión de un delito o de estar pronto a cometerlo, con el objeto de dirigir respecto de una persona un control de identidad o su detención ante la flagrancia en la comisión de cualquier ilícito penado por la ley. De esta forma, la presencia policial ya no responde a orientar el cumplimiento de lo establecido en los derogados artículos o para la detención por la comisión de cualquier delito, sino para recolocar a esas “personas riesgosas” en barrios menos tradicionales o volverlas a su estado de invisibilidad.

A pesar que sus conductas dejaron de ser delictivas gracia a la Ley Nº 19.567 del año 1998, su sola presencia nos enfrenta a un problema social que debe ser resuelto por otras instancias (sanitarias, sociales, psicológicas o laborales), y no recurrir tan fácilmente a la más duras y violentas formas punitivas, evitando así caer en un control penal y sistemática criminalización de los problemas sociales.

Roberto Vega T.

Abogado Defensor

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