[Columna de opinión] “No me pregunten más” por Roberto Vega, Abogado Defensor

Sin duda, el contenido del mensaje, de la Ley 21.057 sobre entrevistas video grabadas para niños y niñas y adolescentes víctimas de delitos graves, expresa en gran medida, la constatación de una situación evidenciada desde los inicios de la reforma procesal penal; esto es, la re – victimización de niños, niñas, y adolescentes, víctimas de ciertos delitos graves, en especial los de carácter sexual.

Se debe tener presente, que parte de los reparos que generan la re-victimización entre otros, han surgido por  la inexperiencia-carencia, de diversos profesionales que deben intervenir en la obtención de material probatorio de calidad, indispensable para un juico de culpabilidad contra una persona, por la comisión de estos delitos; pues precisamente, en estas imputaciones, que resultan complejas, no sólo para la víctima, qué duda cabe, sino también para el imputado, en donde una acusación falsa o sustentada en evidencia precaria, puede resultar dramática o incluso desoladora para la vida de una persona.

Piénsese, en aquella persona que es imputada y resulta que su estado natural de inocencia se mantiene después de uno, dos o hasta tres juicios, recursos mediante, y de igual forma debe cargar por el resto de su vida, con el haber sido sometido a una investigación de tal naturaleza, en donde el reproche social – comunicacional, ya se instaló, y no es posible eliminar del colectivo social, por razonada, completa y explicita que se la sentencia que lo libere de todo cargo.

Esa sólo circunstancia, cuya manifestación jurídica es el derecho al olvido,  junto al derecho a cuestionar la prueba de cargo, en la lógica adversarial del sistema, son suficientes, para llamar  la atención sobre el desarrollo futuro que tendrá dicha normativa, por de pronto, una gran virtud es la gradualidad, lo que permitirá ir asentando buenas  prácticas e ir preparando cuadros  profesionales, que de verdad entreguen evidencia de calidad que sirvan como insumo de las resoluciones de los tribunales de justicia. Asimismo, la grabación del testimonio de las víctimas, cuestión sostenida desde los inicios de la reforma por la DPP, permite tener acceso real a las condiciones en que se realizó dicha indagación. Atrás quedarán, excusas como que no se contaba con soporte técnico para video grabar dichas entrevistas.

Esta normativa, supone un alto compromiso con el principio de objetividad por parte del persecutor y las agencias de control penal,  en torno a contar con personal idóneo para poder  generar evidencia de calidad,  pero asimismo, un alto compromiso con la lógica adversarial del sistema, mediante la posibilidad de  poder contra-examinar  a las víctimas, en el juicio oral, pues entre la grabación del  relato inicial y la época de realización del juicio  oral, pueden ocurrir que exista retractación, aparecer evidencia de descargo, constatación de inducción del relato, entre otros, que alteren el relato inicial video-grabado, y  ante ello, lógicamente  la defensa no dejara de preguntar.

Roberto Vega Taucare

Abogado Defensor

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*